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Como norma general, y siempre que nuestra economía entra en problemas de solvencia, los analistas de turno,  defensores de ese mismo sistema  culpable de la  maldita crisis (el liberalismo más radical), aprovechan   el desconcierto social para poner en su punto de mira, en este caso, a los trabajadores de la administración pública.: los funcionarios.

Mi defensa a este ataque en general del funcionariado la hago desde dos puntos de vista , el primero como trabajadores que son y, paralelamente, como afectado, al elegir libremente esta opción laboral tan diga como cualquier otra para desarrollar mi vida profesional.

A día de hoy, el acceso a un puesto de la función pública está ligado a valores cuales sacrificio, esfuerzo, voluntad…. ya que recordemos que la vida del opositor es lo más parecido a un camino por el desierto, donde las horas de estudio y los años en muchos casos, no te hacen ver la luz al final del túnel, y de los muchos que en el intento no logran llegar por su dificultad. Más mérito aún aquellos que, compaginando estudio y trabajo ,consiguen acceder. Por lo tanto muy alejados quedan los términos de ser personas vagas, parasitarias, de poco espíritu u otros adjetivos malintencionados.

No por lo dicho anteriormente, voy a poner la mano en el fuego por todo trabajador público, porque como en botica, hay de todo, y es por esos pocos la excusa perfecta para aquellos contrarios al funcionariado. Y es que a los primeros que nos afectan trabajadores incompetentes o “bajistas” es al resto de personal funcionario, que somos los que tenemos que cubrir sus deficiencias o ausencias con el debido transtorno que conlleva. Y es la administración correspondiente en última instancia, la que con los cauces y reglametos legales y existentes, debe perseguir a aquellos que abusan de aquellas garantías y coberturas sociales que ofrece el sistema laboral público, llegando, si hay voluntad política para  perseguir el fraude laboral en cualquiera de sus modalidades (bajas   o ausencias principalmente), a perder la condición de funcionario de carrera, ya que para los que no lo  sepan o quieran saber, esta condición laboral se puede extinguir.

A su vez poco se puede decir en su contra, más bien al contrario, de cómo los trabajadores públicos, logran sacar hacia adelante sus labores en bastantes ocasiones con excasos medios materiales y personales,  y pongo como ejemplos  a colectivos como (suponen el 90%) policias, guardias civiles, militares, bomberos, médicos, funcionarios de prisiones,maestros, auxiliares de clínica……, que aunque a algunos les molesten su condición de funcionarios, gustan tenerlos en nuestras sociedades prestando sus servicios.

Retomando el principio, los detractores parecen sólo acordarse del funcionariado en tiempos revueltos, para  un así mejor enfrentamiento entre clases trabajadoras, y desviar la atención de los grandes culpables de situaciones de crisis, poderosas élites financieras y mercantilistas con sus marionetas a su servicio, es decir, sus políticos.  Pero en tiempos de bonanzas y donde todos ganan dinero, del funcionariado pocos se acuerdan. Y hay que acordarse como los empleados públicos pierden poder adquisitivo año tras año al no disponer de clausula de revisión salarial, y sufrir aumentos de sueldo por debajo del IPC, que por ejemplo en mi sector, grupo C de la Administración General del Estado, han sido, descontados IRPF, unos 20 € mensuales, o cómo hasta este año las dos pagas extraordinarias no llegaban a ser íntegras. Y hablando de tributos a HACIENDA, recordemos que los empleados públicos tienen hasta su último céntimo controlado por el Fisco, lo que está muy bien sin duda, es algo democrático y deseable. Pero igualmente lo sería que tantos ciudadanos que saben de dinero negro pagaran hasta el último céntimo de los euros que ingresan, para que todos,efectivamente, pagaramos menos, o lo dicho de otra manera, habría más dinero en poder del Estado y menos nervios en estos tiempos. Destacar también en cuanto a salarios, que están en la media de mileuristas, compruebenlo ustedes mismos, ya que son públicos, los cobros de los grupos C, D, E, ufff…… para hacerse millonarios. En cuanto a temporalidad, esto recogía un diario digital con fecha 26.08.2009: ”La tasa de trabajadores en el sector público alcanza el 25,4%, dos décimas por encima a la correspondiente a los del sector privado. La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal denuncia un incremento injustificado de la temporalidad en la Administración.” AGETT concluye que se ha producido un incremento sin causa justificada de la temporalidad dentro de la Administración, especialmente en el colectivo femenino que contribuye a la “precarización” laboral de este colectivo.” A pesar de ello, para algunos el funcionariado vive muy bien y hay que seguir con su extinción.

Es necesario que el Estado siga interviniendo en el mercado laboral mediante el empleado público en todas sus vertientes, funcionario de carrera, interino, personal laboral fijo o discontinuo. Y es necesario,pese a que aún faltan aspectos a mejorar en la función pública como hemos detallado, porque es el último reducto donde la precariedad laboral no hace su mayor presencia, y donde las garantías laborales hacen que se traduzcan en calidad de vida para el trabajador, aún a sabiendas que   en no mucho tiempo atrás los salarios públicos eran menores que en el sector privado. Por desgracia, el mercado laboral se ha igualado por abajo en cuanto a compensación económica; generaciones atrás no pensaban en la administración para su dedicación profesional ya que la estabilidad laboral y mejores salarios se encontraban también en el sector privado. El paso de los años ha hecho que la pérdida de poder adquisitivo haya hecho igualar los salarios públicos y privados, y todo el conjunto de precariedad que se va sumando en el mercado laboral suponga que la funcionarización de nuestros nuevos y jóvenes trabajadores sea su meta a seguir. Desde otro punto de vista económico, es otro modus operandi de inyectar dinero en el mercado, mucho más eficiente que cualquier plan E improvisado o que fiándolo sin devolución al sector bancario.

En nuestro País, no es el problema de si más o menos funcionarios, reseñar que España ha aumentado en cinco millones de habitantes con una implicación de un 12% más de carga para los servicios públicos, sino otros problemas estructurales son los que hacen tener un déficit público alarmante. Las 17 Comunidades Autónomas, que nos son más que 17 duplicidades, o las sangrantes Diputaciones Provinciales, o los miles de políticos que hacen su peculiar carrera administrativa,  o los otros tantos miles de palmeros a los que hacen llamar asesores, esos, que son parte del gasto de las arcas públicas, son el verdader cancer a batir por la sociedad civil española. Pero de esto último poco oímos hablar a los liberales económicos que bajo siglas políticas (PP) o medios afines lanzan sus prebendas contra los currantes de la administración, los funcionarios. Tampoco oímos al PSOE al respecto,  maestros en utilizar la administración para colocar a todos los suyos, y otro de los puntos negros a evitar para sanear de improductivos las administraciones. Y ya que estamos en el lado izquierdo, cómo no acordarnos de los sindicatos verticales del Gobierno actual, donde por el bien de trabajadores y arcas públicas deberían de desaparecer tanto las multimillonarias subvenciones como los “jetas” de los liberados u horas sindicales.

La función pública requiere de mejoras tanto para los ciudadanos como para sus trabajadores, pero siempre desde su condición pública. Las nuevas tecnologías deben ser incorporadas para ambos colectivos, paliando de un lado la falta de personal en  casos concretos, como facilitándo y  abreviando la muchas veces desesperante burocracia impuesta, ojo, no por el funcionario, sino más bien por el político/gobernante/administrador de turno. Y muy importante también, una renovación total del sistema promocional en la carrera administrativa, que sea garante de méritos específicos y sistemas objetivos de selección que supongan  una mayor motivación de los mejores trabajadores cualificados, evitando así los ascensos a dedo.

La función pública está abierta a los ciudadanos. El acceso es libre, las pruebas se basan en la igualdad, mérito y capacidad,  y es aquí donde hay que hacer incapié y defender  en que sean lo más objetivas posibles, para evitar fraudes y clientelismos partidistas. Es la mejor garantía de pluralidad  y ejercimiento de libertades, muy al contrario de lo que  puede suponer la selección de personal en el ámbito privado, donde cualquier condición, por ejemplo,  la política, puede significar el no ser elegido. Mi condición de representante  de Democracia Nacional, como la  defensa pública de mis postulados políticos, no se sienten amenazados por una hipotética pérdida de mi puesto de trabajo en  la administración, si bien dudaría  pudiera ocurrir lo contrario en el ámbito de una empresa privada.

Para finalizar, leo con  estupor y poco asombro, ya nos tienen acostumbrados, lo que cierto representante de un partido nacional que dice defender poltíticas “social patriotas” comenta en su foro al respecto de este tema: “ Y nosotros de acabar con la lacra del funcionariado en cuanto tengamos ocasion”, para conocimiento de aquellos despitados que aún sigan creyendo en siglas más propias de clubes de carretera. Ahh por cierto, para mí si es fastidioso que el dinero de todo contribuyente sirva para que ciertas Administraciones Públicas valencianas adineren a empresas de suguridad cuyos principales socios estén involucrados a su vez en el tráfico de mujeres extranjeras para comercio sexual.

Alejandro Vélez

Un funcionario nacional demócrata.

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